Enseñanzas de una nueva reforma: el rostro político de la Responsabilidad Social

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Andrés Gamboa Jiménez

Enseñanzas de una nueva reforma: el rostro político de la Responsabilidad Social

Como si la Historia estuviera suspendida, en Chile vemos resurgir con fuerza cada cierto tiempo sendas reformas educativas que desde los mensajes oficiales aparecen siempre como una promesa de elevar la calidad del sistema formativo nacional, y superar sus falencias retratadas en enormes índices de segregación y desigualdad. ¿Qué hay detrás de este juego político?
La sensación de que los cambios legales impulsados desde La Moneda van rezagados con respecto a la realidad e intentan poner freno a una situación particular que se agudiza día a día, molesta como una piedra en el zapato a todos los agoreros del desarrollo. Por otra parte, existe un cierto consenso en ver a los grandes movimientos sociales encabezados por estudiantes en 2006 y 2011 como la fuerza que motiva las reformas actuales al poner sobre la mesa la crisis lamentable del sistema educativo chileno.


Esta vez, la base de las propuestas dicen relación con acabar con el lucro y la selección en el sistema escolar, y el copago o aporte financiero de las familias a la educación de sus hijos en el sistema particular subvencionado, donde se educa más del 50% de los jóvenes y niños del país. Rápidamente, las críticas y dudas a la Gran Reforma impulsada por el gobierno aparecieron desde la oposición política y algunos grupos de interés como los estudiantes organizados, asociaciones de padres y apoderados, la Corporación de Colegios Particulares, o de aquellos controlados por la iglesia Católica, entre otros actores relevantes del sistema.
Ante esta situación, se han introducido varias indicaciones al proyecto de ley original en base a las negociaciones acordadas en la Mesa de Diálogo por la Educación conformada por el gobierno y varias organizaciones vinculadas al tema. Además, los impulsores de los cambios se defienden presentando estas iniciativas legales como el comienzo de una gran revolución en Educación, que incorporará sucesivamente transformaciones que abarcarán el sistema formativo en su conjunto. ¿Pero qué sucede realmente que estos procesos se repiten y extienden en el tiempo sin generar estándares equitativos en la Educación para todos los chilenos hoy, como si se pudiera sostener que las necesidades humanas pueden ser satisfechas mañana?
Sin duda son procesos de largo aliento, pero en nuestra opinión, lo que hay detrás de los sucesivos fracasos por mejorar las condiciones cotidianas en la que se educan muchos compatriotas es simplemente que no es suficiente. Desde el enfoque de la Responsabilidad Social, que llama a las personas e instituciones a hacerse cargo de sus acciones y decisiones, y del impacto que estas tienen en la sociedad, ciertamente se transforma en un asunto de voluntad política de quienes controlan las decisiones en la educación, superar un modelo fuertemente arraigado en la desigualdad socioeconómica nacional.
Distintos estudios internacionales demuestran la relación directa entre la situación socioeconómica de las familias y el capital cultural, base formativa, red de contactos y oportunidades de éxito en la Educación de sus miembros. En Chile esto se refuerza con un sistema escolar conformado por tres modelos –público, subvencionado y privado- que ofrecen en general, condiciones formativas diametralmente opuestas en términos de calidad y resultados, y donde las posibilidades de acceso a cada uno de ellos se vincula estrechamente al poder adquisitivo de las familias.

Desde esta mirada, toda reforma seguirá siendo eso y no una revolución mientras no se potencie el rol político de todos los protagonistas de la educación dentro de sus propias organizaciones, y de todas ellas dentro de las estructuras de poder del Estado, en paralelo al estímulo de cambios culturales que impulsen una transformación positiva de las relaciones interpersonales dentro del sistema y la revalorización de la pedagogía. Hacerse cargo de este problema, implicaría no sólo escuchar a los grupos de interés, promulgar ciertas leyes y trabajar en el aumento de la cobertura y el mejoramiento de la infraestructura, cambios todos muy necesarios; también, es necesario dotar de mayores cuotas de decisión a docentes, estudiantes y familias en el devenir de los establecimientos educacionales que habitan, fortalecer las condiciones laborales de los profesores y los requisitos para desempeñarse dentro del sistema educativo.
Sólo así vislumbramos la construcción de un modelo inclusivo que resignifique la experiencia educativa y entregue mayores índices de responsabilidad a quienes viven la educación cotidianamente.


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